• Se turnaron a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen
• Participaron representantes de Morena, PAN, PRI, PVEM PT, MC y PRD
En sesión semipresencial de la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM PT, MC y PRD presentaron nueve iniciativas para reformar diversas leyes en materia de Estado investido de fe pública, homicidios dolosos, feminicidios, remuneraciones de servidores, usurpación de identidad, derecho de pensiones, agua, menores de edad, medidas cautelares oficiosas e impacto ambiental.
Estado investido de fe pública
La senadora Olga Sánchez Cordero (Morena) presentó dos iniciativas. La primera plantea adicionar el artículo 121 de la Constitución Política para establecer que el Estado está investido de fe pública, misma que ejerce a través de los servidores o de los particulares a quienes se les delegue, en los términos que establezcan las leyes. Además, las entidades federativas podrán autorizar el ejercicio de la fe pública a los particulares constituyendo la función notarial, cuya edad máxima para su ejercicio será hasta los setenta y cinco años.
Precisa que los actos y hechos jurídicos autenticados por la función notarial en una entidad federativa tendrán validez en otra, siempre que se emitan con arreglo a las leyes respectivas y sean otorgados por los comparecientes y el notario en la propia entidad. El notariado será auxiliar en la administración de justicia, siempre que no exista conflicto o controversia entre las partes. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República.
Reducción de homicidios dolosos y feminicidios
En la segunda iniciativa, la senadora Sánchez Cordero propone modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para la salvaguarda de la vida de las personas y la reducción sostenida de la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios, esté definida en la Estrategia Nacional para Combatir los Homicidios Dolosos y los Feminicidios.
Indica que serán responsabilidades de la Comisión Nacional Antihomicidios la elaboración, seguimiento y modificaciones de la Estrategia Nacional para Combatir los Homicidios Dolosos y Feminicidios, así como la coordinación de esfuerzos entre los tres ámbitos de gobierno, en torno a la administración de información estadística georreferenciada sobre homicidios dolosos y feminicidios, entre otros. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Remuneraciones de servidores
El diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) presentó una iniciativa para considerar perjuicio al interés social o al orden público, el que se permita que cualquier servidor público obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias conforme a la ley de la materia.
La propuesta adiciona los artículos 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política.
Establece que tratándose de controversias constitucionales, la suspensión tampoco podrá concederse cuando tenga por efecto que cualquier servidor público obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias conforme a la ley en la materia. Se envió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Usurpación de identidad
Para imponer pena de uno a seis años de prisión y de 400 a 600 días multa a quien por algún medio informático usurpe, asuma, transfiera, utilice, se apodere, suplante o se apropie de la identidad de otra persona sin autorización para el uso ilícito de sus datos personales generando un daño en su patrimonio o derechos con el fin de obtener una ganancia indebida para sí o para otro, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) presentó iniciativa que adiciona el artículo 390 Ter al Código Penal Federal.
El documento, enviado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisa que la pena aumentaría hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por algún servidor público que, aprovechándose de sus funciones, use ilícitamente datos personales a los que tenga acceso. La pena aumentará hasta en la misma proporción si el sujeto activo cuenta con un grado académico o conocimiento especializado práctico dentro del rubro de la telemática o informática; además, se aplicará la privación del ejercicio de su actividad profesional o técnica hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Derecho de pensiones
Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, planteó reformar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a efecto de establecer, con claridad y precisión, que las pensiones por muerte que prevé el Seguro Social se extiendan a los beneficiarios de los trabajadores que perdieron su afiliación, pero cuyo fallecimiento ocurra durante el periodo de conservación de derechos, es decir, reconocer la vigencia de las pensiones por invalidez, viudez y orfandad de las personas anteriormente aseguradas para sus beneficiarios.
Menciona que, hasta el momento, no existe información sobre cuántas personas que murieron a causa del Covid-19 perdieron su afiliación al Seguro Social antes de su fallecimiento, y ello ha generado una serie de problemas para familiares o beneficiarios porque la Ley del Seguro Social no precisa si las personas con derecho a la pensión de viudez, orfandad o para ascendientes que dependían económicamente del asegurado, conservan este derecho cuando su familiar perdió su empleo antes de morir. Fue enviada a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Agua de mar para uso doméstico
El senador Antonio García Conejo (PRD) presentó la iniciativa de reforma al artículo 14 BIS 3 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que sea atribución del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desarrollar e implantar tecnologías de última generación de desalación de agua de mar para uso doméstico.
La propuesta tiene como finalidad atender una problemática visible en la sociedad, con una solución viable y, además, brindarle herramientas normativas al IMTA, como institución de vanguardia y trascendencia nacional, al que no se le ha dado el justo valor e importancia. Se canalizó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.
Beneficiar a mayores y menores de edad con discapacidad
Del PT, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre planteó cambios a los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal, con el objetivo de que las personas que se encuentren en alguna de las condiciones de incapacidad contempladas en la ley puedan ejercer sus derechos o contraer obligaciones. Para este efecto, se proporcionarán los medios, apoyos y garantías a fin de expresarse de manera libre y autónoma.
Asimismo, se especificará que las personas mayores y menores de edad tienen la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. A quienes estén en minoría de edad se les brindarán las condiciones para que se expresen de manera libre y autónoma. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República.
Medidas cautelares oficiosas
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores se canalizó la iniciativa presenta por la senadora Patricia Mercado (MC), que reforma y adiciona el artículo 19 de la Constitución Política, para determinar que en caso de robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, así como delitos cometidos con medios violentos como armas, el juez dictará medida cautelar de manera oficiosa.
Se busca no criminalizar la pobreza, despresurizar las cárceles, privilegiar otras medidas cautelares que no dependan de la capacidad económica del imputado, y que las y los jueces recuperen la potestad de imponer excepcionalmente –si las circunstancias lo ameritan– la prisión preventiva justificada, pero que en el resto de los casos impongan una medida cautelar distinta que asegure el proceso en libertad generando menores costos al Estado y facilitar la posible reparación del daño a la víctima.
Padrón de personas que presten servicios de impacto ambiental
Del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) se recibió iniciativa que reforma los artículos 30 y 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de precisar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá certificar e integrar un padrón de las personas que presten servicios de impacto ambiental y quienes podrán ser contratados libremente.
La certificación y registro, añade la iniciativa turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores, favorecería que las personas que tengan los conocimientos necesarios puedan ser prestadoras de servicios certificados en materia de impacto ambiental.